¿Cuál es el organismo público que más infracciones acumula contra los derechos humanos y las libertades?
Las diversas interrelaciones ciudadanas entre sí (empresarios y trabajadores, propietarios y arrendatarios, entidades financieras y clientes, situaciones de discriminación de género, raza o religión y las diversas relaciones contractuales que rigen en general en nuestra cotidianidad), pueden incurrir en infracciones puntuales a los derechos humanos, que son reguladas por las leyes y se puede recurrir a los tribunales para su reparación y publicidad.
En cambio, las infracciones contra los derechos humanos y las libertades, son muchas veces impunes cuando las ejecutan los mismos órganos de poder en el desarrollo de su función pública. La policía, el ejército o los servicios secretos en su trabajo de campo, los jueces aplicando mal las leyes o prevaricando y los políticos legislando leyes injustas o que favorecen la desigualdad, son los verdaderos causantes de las más altas traiciones a los principios democráticos y sociales que deberían regir la relación de los ciudadanos con los órganos institucionales que nos representan.
En ese sentido, el organismo público que más infracciones acumula contra los derechos y libertades ciudadanas es, ni más ni menos: el propio Estado en sus funciones asignadas. Muchas veces, su impunidad es el origen y la causa del incremento de estas infracciones, perpetuadas contra la estabilidad de la propia sociedad, beneficiando a sectores influyentes y reaccionarios y con el beneplácito de los mismos poderes públicos que tienen la obligación de velar por un país para todos. Es desde estas diferentes instituciones del Estado, desde donde se dan estas prácticas que nos avergüenzan e indignan a todos.
Debemos ser conscientes de que una gran parte de nuestras acciones ciudadanas cotidianas tienen que ver o están afectadas por los derechos y el buen uso de esta libertad a defender y hay que ser conscientes de la necesidad de estar vigilantes y atentos a su cumplimiento y a su desarrollo significativo al más alto nivel.
Debemos ser conscientes de que estas violaciones de los derechos humanos que se producen cada día desde el poder establecido —agrandadas con la crisis económica por la que hemos pasado—, y la aprobación de leyes contrarias a estos derechos, repercuten inversamente en nuestro bienestar e inciden negativamente en nuestro día a día.
Si se reducen las prestaciones sociales, si se genera un empleo precario creciente, si las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, si ni siquiera trabajando se obtiene un salario digno, si se privatiza la sanidad o se manipula la educación, si hay riesgo de pobreza infantil o de exclusión social, si la ley mordaza reduce la posibilidad de protesta ciudadana, si se vulnera la libertad de expresión, si no se cumple la ley de dependencia y a las mujeres se les condena a un trabajo de cuidado y del hogar gratuito, si no se lucha contra la violencia machista, si se detienen las acciones en favor de la memoria histórica y la recuperación de los cadáveres de las fosas comunes, si se permiten las devoluciones en caliente, si se deja morir a los refugiados en el Mediterráneo o si hay vulneraciones flagrantes y sistemáticas de nuestro sistema judicial a las garantías procesales —según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tal como cita el diario La Marea, desde 1979 a 2016, ha habido 108 sentencias condenatorias contra el Estado Español, por haber violado garantías procesales, incumplimientos y torturas, por no respetar la libertad de conciencia o de expresión e ir en contra del derecho a la libertad y a la seguridad, entre otros—, todo ello repercute en nuestro día a día y nos habla de la necesidad de defender estos derechos y de luchar en contra de su limitación por parte del Estado en su conjunto.